El ex vicepresidente y ministro de Economía conservador fue detenido en su domicilio después que fuera registrado por orden de un juez a instancias de la Fiscalía. La causa es por presunto blanqueo de capitales.
El banquero y dirigente conservador Rodrigo Rato, expulsado de su Partido Popular (PP) el año pasado por su implicación en el caso del uso de «tarjetas negras» por directivos de Caja Madrid y Bankia, entidades que presidió, fue detenido luego de que la policía registrara su domicilio como parte de la pesquisa por blanqueo de capitales.
La investigación por estos cargos, confirmada recién hoy por el ministro de Justicia, se inició luego de conocerse que Rato, de 66 años, se benefició de una polémica amnistía fiscal aprobada en 2012 por el gobierno del actual presidente y líder del PP, Mariano Rajoy, un hecho que provocó un escándalo político en España.
Rato también está imputado en la investigación sobre las irregularidades de la salida a bolsa de esa misma entidad financiera, a la que llegó de manos del PP.
Sin embargo, su arresto no tiene que ver con estas investigaciones sino por una denuncia de la Fiscalía por supuesto blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y fraude fiscal.
Por orden judicial, agentes de la policía de Aduanas dependientes de la Agencia Tributaria irrumpieron hoy en el domicilio de Rodrigo Rato, situado en una céntrica calle del barrio madrileño de Salamanca, para efectuar un registro que duró más de tres horas, tras el cual el político fue arrestado.
Rato salió de su casa con la cabeza en alto, vestido con traje gris, camisa celeste y sin corbata, y caminó unos metros hasta llegar al coche policial, donde un agente de policía le agachó la cabeza para que ingresara al vehículo. No estaba esposado. Su abogado, Ignacio Ayala, abandonó el lugar sin hacer declaraciones.
Por su parte, el ex ministro fue trasladado posteriormente a su despacho profesional, ubicado en el Paseo de la Castellana 50, donde se produjo un segundo registro.
Pasada la medianoche española, Rato quedó en libertad y regresó a su domicilio. «Estoy en mi casa, con mi familia y en libertad», afirmó en declaraciones a distintos medios españoles. El ex ministro dijo que ha «colaborado activamente» con los investigadores durante los registros y «confía en la Justicia».
Las órdenes de registro fueron emitidas por el juzgado de guardia número 35 de Madrid, a pedido de la Fiscalía, que presentó una denuncia contra Rato y «otras personas».
El Ministerio Público solicitó la medida luego de que la prensa española publicara esta semana que el que fuera vicepresidente y ministro de Economía durante el gobierno del conservador José María Aznar (1996-2004) figuraba en la lista de 705 personas investigadas por el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capiales (Seplac) de todas las que se habían adherido a la amnistía fiscal del Ejecutivo de Rajoy.
Si bien inicialmente el gobierno del derechista PP se negó a dar explicaciones al respecto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, confirmó hoy a la agencia EFE que el ex directivo del FMI estaba siendo investigado por presunto blanqueo de capitales.
«Lo que se está investigando por el servicio de prevención de blanqueo de capitales es si el origen de esas rentas es lícito o ilícito», dijo Catalá.
El ministro de Justicia explicó que el ‘caso de Rato’ se enmarca en la regularización fiscal abierta en 2012, en la que hubo hasta 705 personas que -de acuerdo con la ley de blanqueo de capitales- están «expuestas políticamente, es decir, que tienen que ver con la política, con las instituciones públicas».
«De momento no sabemos nada. Si tuviera un origen lícito no habría más que decir, si tuviera un origen ilícito seguramente se abriría una investigación de orden penal», pero «anticipar esta circunstancia es un poco prematuro», señaló.
Por su parte, el ex hombre fuerte del PP se negó a dar explicaciones sobre el dinero que tenía oculto y que luego regularizó.
En declaraciones a diferentes medios, Rato dijo ayer que «no le consta» que estuviese siendo investigado por la Seplac y desmintió haber tenido alguna sociedad en paraísos fiscales como Gibraltar y las Islas Vírgenes, tal como apuntó el medio que publicó la noticia, Voz Pópuli.
También sostuvo que «no tenía obligación de informar de este asunto», porque se trata de «un tema personal».
La noticia de que Rato se había adherido a la amnistía fiscal para regularizar su «fortuna familiar» provocó un enorme revuelo en España.
La oposición, liderada por el Partido Socialista (PSOE), acusó al Ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, de haber hecho la amnistía fiscal a medida de «sus amigos del PP».
Los socialistas solicitaron hoy la comparecencia de Montoro en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para informar sobre este «caso Rato» – igual que se hizo con el caso del ex tesorero del PP Luis Bárcenas o con el ex presidente catalán Jordi Pujol- y presentaron una iniciativa para votar y obligar al gobierno de Rajoy a publicar la lista de los más de 30.000 contribuyentes que se beneficiaron de la amnistía fiscal.
De hecho, el portavoz de Hacienda del grupo socialista, Pedro Saura, sostuvo que su partido apoyará mañana la votación de la Ley General Tributaria si se da a conocer esa lista.
Saura subrayó que Montoro y Rajoy «sabían perfectamente quiénes se iban a beneficiar de la amnistía fiscal». Por eso, la medida fue «una pasarela para que regularizaran su situación -al módico precio de un 3%- los defraudadores de cuello blanco».
En 2007, Rato abandonó la dirección del Fondo Monetario Internacional (FMI), desde donde había promovido el ajuste neoliberal para las economías de América latina, y no volvió a ocupar un cargo público de gobierno.
Posteriormente, el PP lo colocó en Caja Madrid y su sucesora Bankia, que dirigió hasta que renunció en mayo de 2012 en medio de las turbulencias financieras que afectaron a España y obligaron al gobierno de Rajoy a intervenir la entidad para evitar su quiebra.
Rato está imputado por varios delitos, entre ellos falsedad documental y estafa, en el proceso que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia en 2011.
De esa investigación se desprendió otra que descubrió el uso masivo de «tarjetas black» entre 86 ex directivos y consejeros de Bankia, que gastaron 15, 5 millones de euros entre 2003 y 2012 que no fueron declarados al fisco español. Desde la dirección del banco, Rato no sólo permitió sino que se benefició de esta práctica.
