La Agencia Tributaria de España emitió un informe en el que reconoce que el PP habría evadido esa suma en 2008, aunque insiste en que no existe delito porque la fuerza conservadora está blindada por ley y no debía tributar por sus donaciones.
Los peritos responden ante el segundo requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga al partido del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, por las donaciones ilegales que figuran en la «contabilidad B» que llevaba su ex tesorero Luis Bárcenas.
En su descargo enviado al magistrado, la oficina antifraude de la Agencia Tributaria (ONIF) dice que la cuota que dejó de ingresar el PP en concepto de Impuesto de Sociedades ascendería a 220.167,04 euros en el ejercicio 2008, según fuentes judiciales citadas por la emisora Cadena Ser.
La cifra, que se desprende de las donaciones ilegales anotadas en las cuentas B – que ese año ascendieron a 1.050.000 euros- supera ampliamente el margen de 120.000 euros a partir de los cuales se considera que existe un delito fiscal.
En cuanto a los donativos considerados legales, el PP debía haber ingresado 25.630,03 euros, sostienen los peritos.
No obstante, la Agencia Tributaria reitera en que el delito fiscal tendría lugar de acuerdo con los criterios del juez con los que no coinciden los expertos del organismo público.
Por otro lado, los expertos tampoco advirtieron un fraude de IVA por parte del PP en el caso de las obras realizadas en la sede central de la calle Génova de Madrid, que fueron pagadas con 1,7 millones de euros de dinero negro, de acuerdo con sus propios inspectores de Hacienda.
El criterio, en este caso, es que el PP no es sujeto pasivo del IVA. Discrepan, por lo tanto, con las acusaciones, que consideran que la fuerza derechista es «responsable solidaria» con la evasión cometida por el arquitecto al que se le encargaron las obras.
El juez Ruz solicitó inicialmente a Hacienda cuantificar el supuesto fraude fiscal cometido por el PP en relación con las donaciones que figuraban en su contabilidad B, pero el organismo, a cargo del ministro Cristóbal Montoro se negó a hacerlo.
La jefa de la ONIF, Margarita García Valdecasas, contestó al magistrado que él no era quién para indicarle los criterios tributarios a aplicar, y que si no le gustaban, se buscara otros, según la prensa española.
Por su parte, el juez redobló su apuesta y, tras afirmar que el argumento de Hacienda era «infundado, contradictorio, deficiente, erróneo e improcedente», volvió a exigir una respuesta. De hecho, los peritos se exponían a ser sancionados por no cumplir con su labor de auxilio judicial.
