El presidente estadounidense emitió un decreto a través del cual anunció la aplicación de sanciones a siete venezolanos, tras manifestar “preocupación por los esfuerzos del gobierno” en Caracas por “escalar la intimidación de sus oponentes políticos”.
“El presidente Obama emitió una nueva orden presidencial al declarar una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela”, informó la Casa Blanca a través de un comunicado.
Las sanciones en el decreto, “implementan la Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela, que el presidente firmó el 18 de diciembre de 2014 y además van más allá de los requisitos de esta legislación”, agregó el documento.
El vocero presidencial, Josh Earnest, dijo en ese sentido que “los funcionarios de Venezuela del pasado y presente que violen los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y que se involucren en actos de corrupción pública no serán bienvenidos aquí y ahora tenemos las herramientas para bloquear sus bienes y su uso de los sistemas financieros de Estados Unidos”.
El portavoz, sostuvo a su vez que el gobierno de Barack Obama está “muy preocupado por los esfuerzos del gobierno de Venezuela por escalar la intimidación de sus oponentes políticos”.
El decreto firmado por el mandatario no está centrado “en la gente o la economía de Venezuela” sino que pone el foco en individuos “involucradas en o responsables por la erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de oponentes políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos”.
Asimismo, está focalizado en personas que lleven adelante “abusos en respuesta a las protestas contra el gobierno y las detenciones y arrestos arbitrarios de manifestantes antigubernamentales, así como la corrupción pública significativa de altos funcionarios del gobierno de Venezuela”, detalló la Casa Blanca.
Las sanciones impuestas por Obama están dirigidas a Antonio José Benavides, comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Gustavo González López, director general del Servicio de Inteligencia Nacional; Justo Noguera Pietri, de la entidad del Estado, Corporación Venezolana de Guayana.
La lista, incluye además a Katherine Haringhton, fiscal de nivel nacional del 20 oficina de distrito del ministro público de Venezuela; Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana; Manuel Bernal Martínez , jefe de la 31.ª Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana y ex director general del Servicio de Inteligencia; y Miguel Vivas Landino, inspector general de la Fuerza Armada Bolivariana.
La orden ejecutiva, procederá entonces a bloquear o congelar las propiedades e intereses en propiedades en Estados Unidos de estas personas designadas o identificadas por la imposición de sanciones y prohíbe a los ciudadanos norteamericanos realizar negocios con ellos.
La decisión presidencial “suspende además la entrada al país de individuos que cumplan con los criterios de sanciones económicas”, según describió el comunicado.
“La única manera de resolver los problemas de Venezuela es a través del diálogo verdadero y no deteniendo a los oponentes e intentando silenciar las críticas”, aseguró un alto oficial del gobierno en diálogo con la prensa, poco después del anuncio de las nuevas medidas a Caracas.
La Casa Blanca llamó entonces a que el gobierno liderado por Nicolás Maduro “libere a todos los prisioneros políticos que incluyen a docenas de estudiantes, al líder de la oposición, Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”.
