Ayer cerca de las 11 se inició, ante el Tribunal Oral Federal 4, el juicio oral con la presencia en la sala de Zulemita Menem y otros familiares de los procesados. Los ausentes más notorios fueron Camilión y María Julia Alsogaray.
Comenzó el juicio oral por el cobro de sobresueldos durante el menemismo en el que se juzgará al ex presidente Carlos Menem y su ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Los funcionarios deberán responder por el delito “peculado“, que prevé diez años de prisión.
Los procesados se presentaron ante el Tribunal Oral Federal 4 en los tribunales del barrio porteño de Retiro para escuchar los requerimientos de elevación a juicio de fiscalía y querella en el caso. Sus defensas solicitaron a los jueces el sobreseimiento por prescripción de delito, la nulidad por violación de la garantía de doble juzgamiento, entre otros planteos preliminares que serán resueltos el próximo martes 10 a las 9.30, cuando siga el debate.
Si se rechazan dichos planteos, comenzarán las declaraciones indagatorias de los procesados. Pedro Baldi, defensor de Menem, anticipó que el ex presidente no declarará por el momento.
Por razones de salu no se presentaron ante el Tribunal María Julia Alsogaray y el ex ministro de Defensa Oscar Camilión. Este último está a la espera de que la Justicia defina si está en condiciones de ser juzgado.
Por su parte, Alsogaray presentó un escrito con un certificado médico por razones de salud y delegó la representación en su defensora oficial, Palema Bisserier.
En el marco del debate, el abogado de Cavallo, Eduardo Oderigo, argumentó que el ex ministro ya fue acusado al menos cuatro veces por el uso de fondos reservados del Estado y que además pasaron “veintipico de años” de los hechos y se sigue “dando vueltas” por ello “se viola la garantía de doble juzgamiento”.
Además de Menem, Cavallo, Granillo Ocampo y Alsogaray son juzgados los ex funcionarios Raúl Castellini, José Torzillo, Enrique Kaplan y José Coronel.
El Tribunal está integrado por los jueces Néstor Costabel, Oscar Bertuzzi y Patricia Mallo, como querellante actúa la Oficina Anticorrupcion y la fiscalía designó un grupo de cuatro fiscales.
En la causa se investigó el cobro de sobresueldos por parte de los funcionarios, para lo cual se recurrió a fondos reservados que tenían otros fines.