El fiscal Jorge Di Lello realizó la imputación formal de los exministros Dante Sica y Ricardo Buryaile por maniobras fraudulentas para comprar votos a través de un bono clandestino orquestado por el extinto Ministerio de Producción y Trabajo. Dicha maniobra apuntaba a que Mauricio Macri sume adeptos para las elecciones del 27 de octubre tras la brusca derrota en las PASO.
Según publicó en su momento el periodista Mariano Martín en Ámbito Financiero, la Secretaría de Trabajo sacó la resolución 1177 con la firma del jefe de área Fernando Prémoli la cual era de mera circulación interna y no estaba publicada en el Boletín Oficial. Esta medida aumentaba el gasto social en 650 millones de pesos para pagar un subsidio de $5000 por única vez a desocupados mayores de 18 años que cuenten con DNI y CUIL.
Además el fiscal al frente de la investigación pidió a la jueza con competencia electoral María Servini que se cite a declaración testimonial a los intendentes Leonardo Nardini, Juan Carlos Gasparini y el exintendente Paco Durañona quienes habían denunciado durante la campaña que Juntos por el Cambio prometía dinero a cambio de votos.
La imputación del diputado y exministro de Agroindustria Ricardo Buryaile se debe a que el formoseño articuló junto a dirigentes de Juntos por el Cambio la compra de votos en la provincia del litoral. Allí también pidió cotejar la lista de fiscales del macrismo ya que el fiscal Di Lello sospecha que rastrearon personas en situación de vulnerabilidad para que fiscalizaran.
